La familia del soldado muerto en el cuartel de Zapala denunció al juez

La familia del soldado Pablo Córdoba, muerto con dos balazos en la cabeza en el cuartel de Zapala, insiste en que el deceso fue ocasionado y con que la causa judicial está amañada para encubrir al o los autores. Para los familiares, el soldado, de 21 años, fue asesinado por uno o más camaradas de armas.
El juez federal subrogante de Zapala, Hugo Horacio Greca, tomó la investigación desde el principio. En noviembre cambió la carátula del caso a homicidio. Hasta entonces, las actuaciones se centraban en la investigación de una muerte sin participación de terceras personas, en línea con la hipótesis del suicidio que sostienen la cúpula militar.
Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340.
No era menor la tarea del juez para explicar que Córdoba se suicidó con dos balazos de FAL en la cabeza sin dejar rastros de pólvora en sus manos, como surgió del peritaje incluido en la causa.
Natalia Uribe, la madre del soldado Córdoba, recordó que el primero de enero se cumplieron siete meses desde que su hijo fue hallado con dos balazos en la cabeza en el puesto del cuartel que tenía bajo su custodia. La familia organizó una marcha cada vez que se cumplió un mes de la muerte. La séptima convocatoria se pasó del primero al dos de enero, puesto que «sabemos que mucha gente nos quiere acompañar, pero el primero se complicaba», explicó Uribe en declaraciones a la radio LU5.

La madre del soldado mantiene los cuestionamientos al juez Greca, a quien ve defendiendo los intereses de los militares a los que ve conspirando para que la investigación no logre llegar a la verdad. «El juez tendría que estar más apurado para investigar esto y cerrarnos la boca claro», cuestionó Uribe, quien considera que Greca no estuvo a la altura de lo que necesitaba el caso desde el principio de la investigación.

El magistrado tiene su despacho en General Roca, pero está a cargo del Juzgado Federal de Zapala también. Uribe consideró que no bien fue hallado muerto su hijo el juez diligenció el caso con el fin de cerrarlo con el suicidio como hipótesis. Cuestionó que el magistrado no viajó en tiempo y forma a conocer la escena del hecho.

Los tironeos entre el juez y los familiares del soldado afloraron en las primeras instancias de la investigación. Los familiares tenían motivos para considerar la parcialidad del magistrado, a quien situaron teniendo reuniones con la cúpula militar antes de avanzar en cualquier línea de investigación, con lo cual la pesquisa se centró de entrada en los supuestos de un suicidio, tal como instalaron las autoridades militares de Zapala que había ocurrido en el cuartel.

No obstante, «creo que lo que colmó el vaso fue el día 26 de diciembre cuando fuimos a hacer la reconstrucción de los hechos, adonde el juez echó a los gritos a mi hija, la humilló delante de todo el mundo, le gritó y nos gritó a todos ahí para que mi hija se retira del lugar debido a que no es parte de la querella formalmente», cuestionó Uribe y agregó que «hay un tratado internacional al cual Argentina está herido que garantiza la participación de las víctimas en los procesos, en este caso, «mi hija es una víctima, le mataron al hermano. Entonces, puede presenciar cualquier procedimiento en pos de la verdad», dijo.

Después de la reconstrucción, la familia denunció al juez con la esperanza de que sea apartado de la causa, considerando que esa es una condición necesaria para que la investigación salga del letargo.

«Queremos simplemente que se sepa quién mató a mi hijo y no podemos seguir lidiando con otras cosas por fuera del expediente. Entonces, el juez nos está haciendo este transito muchísimo más pesado de lo que tendría que ser», se quejó Uribe.

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