El Concejo Deliberante de Zapala aprobó por unanimidad la Ordenanza 1958, que establece la adhesión del municipio a la Ley Provincial 3498. La normativa impide que personas con determinadas causas judiciales accedan a cargos públicos en la ciudad.
La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo municipal y busca fortalecer la transparencia en la función pública. “Zapala dio un gran paso”, expresó el intendente Carlos Koopmann en sus redes sociales, al destacar que la medida responde a la necesidad de contar con instituciones que brinden respuestas claras a la ciudadanía.
Entre las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos se encuentran:
▪️Imputados con medidas judiciales restrictivas de libertad.
▪️Condenados por delitos dolosos comunes o federales, con sentencia confirmada en segunda instancia.
▪️Condenados por narcotráfico o delitos del régimen penal.
▪️Deudores alimentarios incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 2333).
▪️Personas inscriptas en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
▪️Inhabilitados por juicio político o procedimientos constitucionales que impidan ejercer funciones públicas.
La ordenanza alcanza a los cargos de intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, juez de faltas, fiscal administrativo municipal, integrantes de la Junta Electoral Municipal y toda la planta política del Concejo Deliberante.
Con esta medida, el gobierno local apunta a consolidar una administración con mayores estándares éticos y a fortalecer la confianza de los vecinos en sus representantes.
