por Guillermo Berto
El soldado voluntario Pablo Jesús Gabriel Córdoba (21) fue hallado con dos disparos en diferentes sectores de la cabeza, mientras hacía guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala. La ampliación de autopsia trajo una revelación categórica: cada una de las lesiones de arma de fuego tuvo entidad suficiente para causarle la muerte.
El estudio científico aportó otro elemento de igual contundencia: tanto el disparo que ingresó por el mentón como el que le entró por la sien derecha «produjeron inhabilitación para realizar cualquier acto consciente y activo».
Hay una pericia más que también tiene relevancia: la de residuos de pólvora en las manos de Pablo. La conclusión fue que presenta partículas compatibles con pólvora, pero en la palma de la mano y no en el dorso. Esto merece dos observaciones: una, lo habitual cuando se dispara un arma de fuego es que los restos del fulminante se depositen sobre el dorso. Y dos, el informe no es concluyente ya que el material que encontraron puede tener otra fuente de contaminación.
El cuarto punto es que en el fusil no encontraron ninguna huella digital: ni de Pablo, ni del suboficial que le entregó el FAL, ni de las dos personas que se atribuyen haber tomado el arma cuando encontraron al soldado herido de muerte.
El suicidio, una hipótesis insostenible
Con esta batería de pruebas oficiales, que están incorporadas al expediente, es imposible seguir sosteniendo la teoría del suicidio. Pablo tendría que haberse disparado en la cabeza con el fusil FAL, ese proyectil tuvo entidad para causarle la muerte y para inhabilitar sus movimientos, pero así y todo debió volver a cargarlo (porque estaba en la posición tiro a tiro), dispararse por segunda vez, quitar el cargador del arma y algunas municiones y borrar sus huellas del arma.
La investigación no habría tenido estos avances si no fuera por el incansable impulso que le imprimieron los padres de Pablo y el abogado querellante Maximiliano Orpianessi.
El 1 de septiembre pasado, al cumplirse tres meses del hecho, la madre Natalia Uribe afirmó: «dentro del expediente hay elementos de calidad suficiente y contundente evidencia científica y objetiva, probatorias que indican que acá se cometió un homicidio».
Juan José Córdoba Salto, el padre, dijo por su parte: «las pruebas de que mataron a mi hijo están, y siempre estuvieron». En el acto del 17 de agosto había leído un discurso en el que dijo: «Me paro aquí con todo el dolor de padre para decirles que a nuestro hijo lo mataron dentro de este cuartel. Sostenemos que el o los asesinos están formados aquí entre nosotros o llevan el mismo uniforme».
Como se sabe, uno de los proyectiles le ingresó por el mentón y salió por la frente, y el otro por la sien derecha y salió por la izquierda. Los médicos forenses que realizaron la autopsia no saben cuál fue primero (creen que el del mentón), pero lo relevante es que cualquiera haya sido, le provocó una incapacidad para moverse voluntariamente y cada uno tuvo entidad suficiente para causarle la muerte.
El Ejército buscó instalar de inmediato la hipótesis del suicidio, en contra de lo que siempre sostuvieron los padres de la víctima.
El confuso rol del Ejército: traslados y movimientos
La conducta de la fuerza sigue siendo confusa. Se confirmó que el máximo jefe de la Guarnición Militar Zapala, teniente coronel Enrique Rafael Lamas, fue trasladado sorpresivamente a Neuquén después de la muerte de Pablo. Habrían invocado «razones de salud».
Lamas, jefe además de la Base de Apoyo Logístico en la que trabaja Juan José Córdoba como suboficial principal, es uno de los que visitó a los padres del soldado junto con el general Hugo Tabbia y el coronel Gustavo Francisco Chimeno en lo que fue considerado “un acto intimidatorio”.
En esa ocasión le dieron permiso a Juan José para hablar con la prensa, pero le aclararon que no compare la muerte de su hijo con el asesinato del soldado Omar Carrasco, ocurrido en ese mismo lugar en 1994.
Otro dato que trascendió es que a todo el personal militar le hacen controles para detectar si consumen drogas, algo que sorprendió porque se desconocía.
Reticencia a contestar preguntas
Algunos militares citados como testigos fueron enviados a realizar ejercicios de entrenamiento a otras provincias, y regresaron imprevistamente cuando ya les habían reprogramado la fecha de declaración.
Empieza a notarse reticencia de los militares a responder ciertas preguntas, aunque algunos admitieron que se habla todo el tiempo sobre el caso de Pablo Córdoba, y que existe «miedo» en el cuartel.
La pregunta que nadie responde es en qué se fundamenta ese temor, si para el Ejército el soldado se suicidó y no hay nadie de la propia tropa comprometido. A tal punto que el juez federal Hugo Greca le pasó una copia del expediente a una auditora militar para que lo analice, y mantuvo contactos frecuentes con el jefe del arma en Neuquén, general Hugo Tabbia.
La intervención de la Policía Federal
Con las novedades que aportan las pericias científicas, ciertos hechos y acciones del pasado adquieren otro sentido.
Por ejemplo, la intervención de la Policía Federal el 1 de junio a la mañana, cuando Pablo fue hallado con los dos balazos en la cabeza.
En 1994, cuando ocurrió el asesinato de Omar Carrasco, la delegación de la Policía Federal tuvo un desempeño relevante. Ahora también, pero en sentido contrario.
Quedó confirmado que el personal de la delegación Zapala que intervino no tiene conocimientos de Criminalística, y que la zona estuvo mal preservada. Como se sabe, 15 días después y un mes después, respectivamente, encontraron dos municiones que faltaban. Quiere decir que las primeras acciones en el lugar estuvieron mal hechas.
¿Quién dio las primeras órdenes?
Hay versiones contradictorias también sobre quién dio las órdenes. Supuestamente la Policía Federal se puso a disposición del juzgado federal de Zapala, que está vacante y lo subroga Hugo Greca desde Roca, a 235 kilómetros de distancia.
El juez viajó recién 37 días después del hecho para una inspección ocular que dejó más dudas que antes. Pero en esas primeras horas del 1 de junio, se supone que intervino el secretario penal del juzgado, Matías Álvarez. Sin embargo, ahora hay sospechas; al parecer el funcionario no se acercó ese día al cuartel, y dirigió todo por teléfono.
El cerco que se estrecha
Hay un dato más al que se debe prestar gran atención. Una persona que vive en el barrio Militar ubicado dentro del cuartel declaró que la madrugada del 1 de junio escuchó los dos disparos, «con cinco minutos de diferencia». Hay una contradicción con otros testigos, que acortan ese lapso a 30 segundos.
Pero lo más relevante es que añadió: «escuché que alguien pasaba corriendo por mi patio, pero no alcancé a ver quién era». El que corría, lo hacía en dirección contraria a la ubicación de Pablo Córdoba, es decir, alejándose del lugar del hecho.
El cerco se va estrechando. Sólo hay que saber leer la información que está en el expediente.
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