La ley “Ómnibus” enviada por Javier Milei al Congreso, bautizada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, incluye entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado.
El ranking de empresas públicas con más empleados incluidas en el texto de 351 páginas lo lidera la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con 23.833 empleados. La empresa tiene a cargo las 5 líneas de trenes de pasajeros suburbanos, las 9 de larga distancia, 7 regionales y un ferrocarril entre la ciudad argentina de Posadas y la paraguaya de Encarnación. Este número no incluye al personal de Belgrano Cargas y Logística SA, que cuenta con otros 4.634 trabajadores, ni a la Administración De Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con 707. El proyecto de ley ómnibus también menciona entre las sociedades estatales susceptibles de ser privatizadas a otras empresas vinculadas a los trenes: Ferrocarriles Argentinos SE, que cuenta con 74 empleados; Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, con 21; y la empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, creada para la capacitación de personal y el resguardo documental en materia ferroviaria.
La petrolera estatal YPF – que es una Sociedad Anónima y cotiza en Bolsa- es otra de las empresas con mayor números de trabajadores: 22.330. Le sigue el Banco Nación con 17.820 empleados en las 739 sucursales distribuidas en todo el país, a los que suma el personal de otras unidades de negocios como Nación Servicios, con 1.032; Nación Bursátil, con 33; Nación Reaseguros, con 20; Nación Seguros de Retiro, con 16; Pellegrini SA, una firma administradora de Fondos Comunes de Inversión, controlada por el Banco Nación y Nación Seguros.
Por su parte Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), a cargo de la provisión de agua y obras de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuenta con 7.788 empleados; y Corredores Viales SA, la empresa concesionaria de las rutas y autopistas nacionales que depende de Obras Públicas y Vialidad, emplea a otras 3.967 personas.
Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la firma estatal generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares del país, tiene en su planta 3.188 trabajadores. En tanto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), cuya función es controlar el tránsito aéreo y coordinar los servicios de información y comunicación aeronáutica para los vuelos, cuenta con 2.472 empleados.
Radio y Televisión Argentina – bajo cuyo paraguas operan Canal 7 y Radio Nacional – registra 2.446 empleados. En la campaña, Milei había adelantado que los privatizaría por considerar que eran “un mecanismo de propaganda” del gobierno de turno, sin embargo no dio precisiones si avanzará en ese sentido desde que llegó a la Presidencia. A su vez, la agencia estatal de noticias TÉLAM cuenta con 810 empleados, y Contenidos Públicos SE, la empresa estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, con otros 245.
En el listado figuran además dos medios universitarios, Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, que tiene 283 trabajadores, y Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, con 62. Son los únicos dos medios universitarios del país que son sociedades anónimas desde 1979, para poder emitir publicidad por lo que, si bien tienen asignados una partida en el Presupuesto nacional, tienen otras vías de ingreso.
Intercargo, la firma que ofrece servicios de rampas y asistencia en Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del interior del país, cuenta con 1.673 trabajadores; Fabricaciones Militares, con 1.471; la Casa de la Moneda SE dedicada a la impresión de billetes, con 1.411; y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FADEA), ubicada en la ciudad de Córdoba, que emplea a 939 personas.
La Administración General de Puertos también fue incluida en el proyecto de ley y cuenta con 782 empleados, así como la Empresa Argentina de soluciones Satelitales (ARSAT) que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial, y emplea a 777 personas.
En el proyecto también figura Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que registra 504. Esta empresa es, sin embargo, controlada en un 60% por el gobierno de Catamarca, y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, en la que el Gobierno nacional designa el presidente. Por este motivo, el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, le dijo a Infobae que se puso en contacto con la secretaria de Minería, Flavia Royón, ya que “no podría ser privatizada”, ni ser convertida en una sociedad anónima al ser una firma interestadual. El mandatario adelantó que mandará un nota junto al rector de la Universidad de Tucumán, para “aclarar esta situación”. También sostuvo que es una “empresa de 60 años, que deja utilidades”.
En el Anexo I del proyecto de ley también figuran TANDANOR, talleres que emplean a 507 trabajadores; Vehículo Espacial Nueva Generación SA (VENG) la empresa aeroespacial argentina que cuenta con 470 empleados; y EDUC.AR, que tiene a cargo el portal educativo del Ministerio de Educación, con contenidos y recursos digitales para docentes y estudiantes, que tiene 464 personas en su planta.
Por su parte, Energía Argentina SA (ex ENARSA) tiene 374 personas en su planta de personal, y es la firma que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, su distribución, comercialización e industrialización de sus derivados, así como el abastecimiento y distribución de gas natural, y la generación y comercialización de energía eléctrica.
El listado de las 41 empresas sujetas a privatización incluyen a DIOXITEK SA, una empresa con 264 empleados creada en 1996 y dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para millones de habitantes. También se dedica a producir fuentes selladas de Cobalto 60 que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina, tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas.
El proyecto también menciona al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la sociedad del Estado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), la desarrolladora perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación; la sociedad anónima Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad; y el Polo Tecnológico Constituyentes SA, creado en 1998 en la localidad bonaerense de Villa Martelli e integrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, y el Servicio Geológico Minero.
Visualizaciones de datos: Andrés Snitcofsky
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