La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J) recibió a los ex referentes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Elías Sapag y Ricardo Cazeneuve, para avanzar en el tratamiento de la iniciativa que establece el cobro de un canon a empresas hidroeléctricas por el uso del agua de los ríos Limay y Neuquén.
Durante su intervención, ambos especialistas en temas hídricos señalaron que posiblemente el gobierno nacional opte por volver a otorgar a las actuales empresas concesionarias la operación y el mantenimiento de las represas ubicadas sobre ambas cuencas, decisión que irá en detrimento de poder generar una empresa mixta junto al gobierno nacional y la provincia de Río Negro.
“La decisión no se puede diferir más allá del mes de agosto, último mes hasta el cual el Estado nacional puede seguir prorrogando los plazos ya vencidos de cada concesión”, advirtió Cazeneuve al tiempo que remarcó que en caso de que la provincia quede marginada de la posibilidad de acceder a la renta que generan los aprovechamientos hidroeléctricos, se debe instar a que en el nuevo contrato de concesión se fije un precio por el uso del recurso destinado a la generación de energía.
Sobre este punto, Sapag aseguró que su cobro es posible al recordar que este tipo de canon se les cobra a las petroleras, al riego y a las ciudades, “por qué no se le va a poder cobrar a las hidroeléctricas”, acotó.
Ambos invitados estimaron que la provincia puede llegar a cobrar un total de 47,3 millones de dólares al año por este concepto, valor muy superior al que ingresa a Neuquén en concepto de regalías.
Cazeneuve explicó que por ambas cuencas circulan cerca de 50 mil millones m3 al año y que, si se calcula el turbinado que le correspondería a Neuquén, el volumen de metros cúbicos ascendería a 31.536 millones. Sobre esta cantidad –continuó Cazeneuve- se debe multiplicar el costo en dólares que tiene el m3, que equivale a 0,0015. El invitado resaltó que el resultado equivale a 47 millones de dólares y que su impacto en el costo final de tarifa eléctrica rondaría los 5,9 dólares por cada megawatt/hora. “Es un número alto, pero no contrasta con la nueva tarifa eléctrica que prevé implementar el gobierno nacional”, indicó.
A su turno, Sapag hizo referencia a la necesidad de destinar los recursos que genera el cobro del canon a la construcción de nuevas represas en la parte superior del río Neuquén. Consideró que de esta forma se atenuará la posibilidad de padecer nuevas crecidas, se producirá más energía y, consecuentemente, se obtendrá el respaldo financiero necesario para avanzar en un plan de obras destinado a la promoción de nuevos emprendimientos hidroeléctricos que emprenda la propia provincia.
Sobre este punto, Cazenueuve proyectó que si se invierten los 47 millones de dólares durante ocho años, la provincia podrá cubrir el costo que demanda la obra del emprendimiento hidroeléctrico diseñado para Cerro Rayoso. Añadió que, si la planificación se traslada en el tiempo, también se podría acceder al financiamiento necesario para llevar adelante la central prevista para La Invernada.
En otro orden, tanto Sapag como Cazeneuve pidieron trabajar en conjunto con Río Negro y congeniar normativas espejo referidas al cobro del canon. Al hacer referencia al tema, fueron críticos con la ley sancionada recientemente por la vecina provincia al cuestionar que su cobro se efectúa sobre el precio de la tarifa eléctrica, monto que fija el gobierno nacional de manera arbitraria.
Al dimensionar ambas posturas, observaron que mientras en Neuquén se pretende obtener por el cobro del canon una cifra superior a los 47,3 millones de dólares, la recaudación en Río Negro sólo alcanzaría los 5 millones de dólares al año.
